En los gobiernos sudamericanos de la nueva izquierda o progresistas, se mantiene e incluso se ha acentuado el extractivismo. Sin embargo se observan varias diferencias, donde se destaca una renovada presencia del Estado (por ejemplo con compañías propias), mayores tributos en algunos casos (especialmente en hidrocarburos), y una defensa del extractivismo como necesario para financiar programas de lucha contra la pobreza.
Estos gobiernos apoyan el extractivismo no sólo como ejemplo de desarrollo económico, sino como un medio necesario para sostener bonos y otras compensaciones económicas a los sectores pobres.
Por esta razón, estos gobiernos plantean una estrategia en dos fases: la primera es crecer económicamente, y una vez que eso se logró, en un futuro se pasará a una segunda fase, de mayor contenido social y reducción del extractivismo.
Se sacrifica así parte de la calidad de vida y la protección ambiental actual, esperando lograr el crecimiento económico.
Este es, por ejemplo, uno de los argumentos del actual gobierno ecuatoriano para promover la minería.
Las transiciones aquí planteadas, por el contrario, defienden ese fortalecimiento del Estado, pero sostienen que esto debe realizarse simultáneamente con la erradicación de la pobreza, y la protección de las personas y el ambiente. No se acepta sacrificar atributos sociales o ambientales para lograr el crecimiento económico.
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