Por Florencia Gordillo
Terminó con represión policial y poca convivencia la jornada en la que se discutió una ley “de Convivencia Ambiental”. La norma pretende acomodar las condiciones legales necesarias para que se instale la multinacional Monsanto que hasta el momento no logró su cometido gracias a la resistencia social en la ciudad cordobesa de Malvinas Argentinas.
La ley es impulsada por el delasotismo: fue sancionada por la Legislatura provincial con el aval de Unión por Córdoba, la UCR y el Frente Cívico. Su contenido es lo que debería discutirse en estas horas. Sin embargo, las primeras planas las ocuparon los incidentes producidos en las inmediaciones de la Legislatura entre la Policía de la provincia y militantes que rechazaban la nueva ley por considerar que podría hacer efectiva la instalación de Monsanto, sin contemplar la participación ciudadana ni sanciones.
Monsanto es una multinacional expulsada de varios países por considerar que contamina el medio ambiente y pone en riesgo la salud humana, a partir del uso de un poderoso agrotóxico conocido como glifosato. La instalación de Monsanto implicaría acentuar el modelo extractivo que está acabando con nuestros recursos naturales, aseguran muchos especialistas. En Córdoba la asamblea Malvinas Lucha por la Vida, acampe de por medio, resiste para que Monsanto no se instale en su localidad.
La ley
El día de la sanción de la ley amaneció con seis activistas encadenados frente a la Legislatura. Distintas organizaciones e independientes comenzaron a acercarse al lugar en el transcurso de la tarde. Mientras la Legislatura sesionaba, afuera la policía de Córdoba recurría a la represión para alejar a los militantes que repudian la ley.
En las calles la gente corría entre balas de goma. El saldo fueron 26 detenidos, entre ellos un menor, y varios heridos trasladados a distintos hospitales. Primero fueron llevados a las comisarías Primera y Cuarta; hasta allí fueron militantes sociales para exigir su liberación. Los detenidos permanecieron allí incomunicados y sin recibir asesoramiento legal. La Justicia ordenó la liberación de tres de ellos mientras que los restantes fueron trasladados a Bower y de acuerdo a los dichos del Fiscal Guillermo González algunos serán imputados penalmente mientras que otros se verán alcanzados por las contravenciones del Código de Faltas. Distintas organizaciones sociales siguen ocupando las calles exigiendo la liberación de los detenidos.
El abogado Darío Ávila (querellante en el juicio por las fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo) en diálogo con Cba24n aclaró que aún no puede afirmar que sea una buena ley. "Lo innovador de esta ley es la incorporación de la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana y también innova cuando incorpora dentro de los institutos la evaluación de impacto en salud", aclaraba el letrado. Recalcó la importancia del Art. 20: "todo proyecto que fuere desestimado o rechazado por la autoridad de aplicación no puede presentarse nuevamente su evaluación". "Si hoy se aplica esa ley al caso Monsanto, la empresa se tendría que ir al día siguiente de la publicación de la ley (...) No puede continuar este proyecto porque ya fue rechazado su estudio de impacto ambiental", explicó el abogado ante ese medio.
Fuente: Agencia de Noticias Paco Urondo
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